La transparencia pública, vista por periodistas de España y Suecia

La transparencia es una cualidad cada vez más exigida a los poderes públicos. Las administraciones de cualquier nivel ―internacional, nacional, regional y hasta municipal― deben ser transparentes con sus ciudadanos, de quienes son servidores. En esa rendición de cuentas, los periodistas desempeñan un papel clave: actúan como vigilantes ante eventuales abusos por parte de los poderes públicos y como denunciantes del oscurantismo. Ahora bien, como todos sabemos, una cosa es la letra y otra la música. Aunque las leyes obliguen a los poderes públicos a ser transparentes, estos pueden buscar estratagemas para entorpecer el acceso a aquello que prefieren ocultar.

En un estudio que acaba de ser publicado en la revista académica Journalism Practice, Ester Appelgren (Södertörn University, Suecia) y un servidor publicamos una investigación comparada sobre cómo acceden los periodistas de España y Suecia a los datos públicos y cuáles son las dificultades que deben enfrentar para conseguir la información. El artículo se titula The promise of the transparency culture. A comparative study of access to public data in Spanish and Swedish newsrooms.

La elección de estos dos países no es casual. Suecia cuenta con la ley de transparencia pública más antigua del mundo, promulgada en 1766. Frente a eso, España ha sido uno de los últimos países occidentales en incorporar, a finales de 2013, una ley de transparencia a su marco legal. Por lo tanto, nos encontramos ante dos polos opuestos: uno ―el sueco― en el que la obligación de rendir cuentas está profundamente arraigada en la vida pública y otro ―el español― donde la legítima petición de información a administraciones y funcionarios es recibida a menudo con indisimulado recelo.

Nuestro estudio, de carácter cualitativo, está basado en más de medio centenar de cuestionarios y una decena de entrevistas en profundidad a periodistas de datos de ambos países. Exploramos cómo enfrentan los profesionales de la información las frecuentes trabas de las administraciones para suministrar los datos que se les solicitan. Las diferencias encontradas entre ambos países indican que las respectivas legislaciones nacionales y la europea común determinan las estrategias de los periodistas para acceder a los datos, convirtiendo en ocasiones a estos profesionales en activistas que luchan por el derecho a acceder a los datos públicos. Los periodistas de ambos países reivindican la necesidad de extender una cultura de la transparencia entre los funcionarios públicos, algo que, a pesar de las leyes, sigue sin existir.

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